Un hombre de 42 años fue condenado este jueves a siete años de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, por una serie de delitos vinculados con la integridad sexual de menores, entre ellos grooming, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, exhibiciones obscenas y promoción a la corrupción de menores.
La condena fue dictada en los Tribunales de Bell Ville mediante un juicio abreviado, procedimiento en el cual el imputado reconoció los hechos atribuidos por la Fiscalía y acordó con la acusación y su defensa la pena finalmente impuesta, evitando así la realización de un juicio oral convencional.
En diciembre del año pasado, la hermana mayor de una niña de 12 años advirtió que la menor mantenía conversaciones que consideró sospechosas a través de un dispositivo electrónico. En esos intercambios, un adulto le habría solicitado el envío de fotografías de contenido sexual.
La rápida intervención de la familiar permitió poner la situación en conocimiento de la Fiscalía e iniciar una investigación. Posteriormente, el acusado fue detenido en la provincia de Entre Ríos, donde los investigadores lograron reunir abundante evidencia que no solamente lo vinculaba con el hecho de grooming denunciado en Bell Ville, sino también con otros delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal Nicolás Gambini, el hombre utilizaba una identidad falsa y simulaba tener una edad similar a la de la víctima para iniciar y mantener las comunicaciones con ella, estrategia a partir de la cual se desarrollaron las conductas investigadas.
La Fiscalía también pudo establecer que el condenado ya contaba con una condena previa en Entre Ríos por un delito de grooming, circunstancia que determinó su condición de reincidente y fue considerada al momento de establecer la pena.
Gambini explicó que, de acuerdo con la escala penal correspondiente a los delitos atribuidos, el mínimo considerado para el caso era de seis años de prisión. Finalmente, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y los antecedentes del acusado, se acordó una pena de siete años de prisión efectiva.
El fiscal destacó además la importancia de que los adultos responsables permanezcan atentos a los cambios de conducta y a las comunicaciones que niños y adolescentes mantienen mediante teléfonos celulares y redes sociales, especialmente frente a situaciones que puedan resultar inusuales o sospechosas.
