El Concejo Deliberante de Monte Buey comenzó a analizar un proyecto de ordenanza que busca establecer un régimen integral de convivencia, salud animal, control poblacional y uso responsable del espacio público con animales. La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por la Municipalidad, las áreas de Bromatología y Zoonosis, el Juzgado de Faltas y organizaciones protectoras de animales.
El médico veterinario Ramiro Paredez explicó que el proyecto surge como respuesta a una problemática que desde hace tiempo preocupa a las autoridades: la presencia de perros y equinos sueltos en la vía pública, situación que puede derivar en accidentes y poner en riesgo a vecinos y conductores.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la identificación de determinados animales mediante la colocación de un microchip. En una primera etapa, la medida alcanzaría a perros considerados potencialmente peligrosos, mordedores o que hayan protagonizado accidentes, además de los equinos que sean secuestrados por encontrarse sueltos en la vía pública.
Según detalló Paredez, el microchip contiene un código que, al ser leído con un dispositivo específico, permite conocer los datos del propietario o responsable del animal. De esa manera, sería posible identificar al tenedor en caso de accidentes, daños a terceros o cuando el animal deba ser retirado del depósito municipal.
El veterinario aclaró que la colocación del microchip no sería obligatoria para todas las mascotas desde el inicio, aunque el objetivo es que, a futuro, pueda convertirse en una herramienta de identificación similar a un documento del animal, disponible tanto a través del municipio como de veterinarios particulares.
Otro de los aspectos contemplados por la ordenanza es la situación de los denominados “perros comunitarios”. En ese sentido, Paredes reconoció que se trata de una de las cuestiones más complejas, ya que habitualmente son alimentados y cuidados por distintos vecinos, pero carecen de un responsable legal.
La propuesta establece que aquellos perros comunitarios que no presenten conductas agresivas ni antecedentes de accidentes puedan contar con un responsable registrado, quien asumiría la responsabilidad legal ante cualquier eventualidad. En cambio, si se trata de animales potencialmente peligrosos o que provoquen daños y nadie se hace cargo de ellos, serían secuestrados y trasladados al refugio municipal.
Respecto de la capacidad del refugio, el profesional aseguró que el predio se encuentra preparado para recibir estos animales y que actualmente se construyen dos corrales de aislamiento destinados a perros mordedores, en cumplimiento de la normativa provincial que exige una observación durante diez días.
En cuanto al costo de implementación, Paredez indicó que actualmente cada microchip tiene un valor aproximado de 9.000 pesos.
