El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tuvo un alto nivel de adhesión en todo el país. En Córdoba contó con la adhesión de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y también se hizo sentir este lunes en Monte Buey, con un importante acatamiento en la mayoría de las instituciones educativas de los niveles inicial, primario y secundario.
Nivel Inicial
La adhesión fue dispar entre los distintos establecimientos, con porcentajes que en varios casos alcanzaron el 100%.
Jardín de Infantes José Manuel Estrada: 85,7% de acatamiento.
Jardín Manuel Belgrano: 100% de acatamiento.
Nivel Inicial del Instituto General José María Paz: 100% de acatamiento.
Nivel primario
Centro Educativo Manuel Belgrano: 100% de acatamiento.
Centro Educativo José Manuel Estrada: 4% de acatamiento (una sola docente se adhirió a la medida), siendo la institución con menor adhesión en Monte Buey.
Nivel Primario del Instituto General José María Paz: 100% de acatamiento.
Nivel secundario
Instituto Técnico Agrario Industrial (ITAI): 70% de acatamiento.
Instituto General José María Paz: 85,18% de adhesión, con funcionamiento normal en el área administrativa.
Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (CENMA): 100% de acatamiento.
RECLAMOS
Demandan una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor presupuesto destinado a la educación pública.
CTERA denunció que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y cuestionó el recorte de fondos nacionales destinados a la educación. Además, rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y eventuales reformas jubilatorias que, según la organización, ponen en riesgo derechos laborales, previsionales y el sistema educativo público.
En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ratificó su adhesión a la medida y difundió un duro comunicado contra el Ministerio de Capital Humano de la Nación. El gremio cuestionó el anuncio de inspecciones en establecimientos educativos para controlar el cumplimiento del régimen de “servicio esencial” durante la huelga y sostuvo que esa decisión constituye “un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga”, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese sentido, remarcó que ninguna amenaza o intento de intimidación reemplazará la negociación paritaria ni vulnerará derechos constitucionales.
La jornada de protesta tuvo un impacto significativo en el normal dictado de clases en la localidad, especialmente en aquellos establecimientos donde la adhesión fue total, en línea con el alto nivel de cumplimiento registrado a nivel nacional.
