El Gobierno Nacional dispuso el incremento de las alícuotas a los derechos de exportación, retornando a los niveles vigentes a comienzos de enero de 2025. La medida generó rechazo en las entidades que representan al sector agropecuario, que recuerdan que durante la campaña electoral el presidente Javier Milei había planteado la reducción y eliminación de estos tributos.
Integrantes de la Sociedad Rural Monte Buey, Patricio Watson y Gustavo Romagnoli, dialogaron sobre el impacto de la decisión. Ambos son delegados ante la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
Watson señaló que el aumento estaba previsto, pero que la decisión es un error. “La posición nuestra siempre fue contraria a esta pretensión”, indicó.
Romagnoli cuestionó el argumento oficial que vinculaba las retenciones a un supuesto exceso de siembra de soja. Afirmó que “en realidad, esa fue una excusa. El verdadero motivo era que el Gobierno necesitaba fondos, y esta fue la forma de obtenerlos”.
Watson explicó que las medidas implementadas impactan directamente en el esquema productivo. “Lo que han hecho es desordenar el cuadro de producciones. Como no todas las regiones son iguales, se van modificando las decisiones productivas”. Como ejemplo, mencionó el caso del maní, que actualmente no paga retenciones y cuya producción, en ese contexto, se ha expandido hacia nuevas zonas, desplazando a la soja. “El manicero puede pagar mucho más por alquilar una hectárea que el sojero”.
Ambos referentes coincidieron en que el sector rural siempre se ha manifestado en contra de los derechos de exportación pero que ahora ninguna organización rural tiene la fuerza para tomar medidas visibles de reclamo como manifestaciones o cortes de ruta.
Expresaron que comprenden el contexto económico en el que se adoptó la decisión. “El Gobierno vuelve a recaudar por necesidad. Para desarrollarse en esta economía se necesita crédito. Si no hay crédito, se pone en marcha otra mecánica: subir impuestos”, plantearon.
Los productores subrayaron, además, que las retenciones tienen un efecto directo sobre la vida de las comunidades del interior.
“Tiene tanto impacto en la comunidad que, si a Monte Buey le falta el 60% del ingreso de dinero, le falta al carnicero, al panadero, a todos los que brindan servicios. Evidentemente, tiene un impacto muy grande en la comunidad”, señalaron. En este sentido, indicaron que no se trata de un reclamo que beneficie únicamente a los productores. “El principal beneficiario sería el productor, pero de ahí para abajo, en cascada, es toda la economía local. Toda esa plata le falta al pueblo. El pueblo, si lo ves, va decayendo en su calidad, en las calles, en las luminarias. Todo eso tiene impacto, porque al productor y a la economía del pueblo le falta toda esa plata para poder sostener las mejoras”, remarcaron.
Los representantes rurales manifestaron su preocupación por la sostenibilidad de estas políticas, especialmente en regiones que vienen atravesando campañas agrícolas con condiciones climáticas adversas y márgenes económicos ajustados.
El tema continuará siendo objeto de análisis y debate en el espacio Agroimagen, donde se abordarán los distintos aspectos de las retenciones y sus consecuencias en la actividad agropecuaria y en las comunidades del interior del país.