Un financista ilegal de Bell Ville fue condenado a una pena de prisión en suspenso por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba, que condenó a Marcos Luis Scazzola, acusado de operar una “cueva” financiera sin habilitación legal.
La resolución, dictada tras un juicio abreviado, estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de una multa de 15 millones de pesos.
El fallo fue firmado por el juez José Quiroga Uriburu, quien dio por acreditadas las maniobras delictivas durante varios años.
Cómo operaba la “cueva” financiera ilegal
El condenado utilizaba un estudio contable como pantalla para realizar actividades ilegales en pleno centro de Bell Ville.
En ese lugar se concretaban operaciones de compraventa de dólares, préstamos informales y descuento de cheques, todo sin autorización de organismos de control.
Según la causa, Scazzola manejaba una cartera de clientes con operaciones por sumas millonarias, tanto en pesos como en dólares y valores diferidos.
A través de escuchas telefónicas, la Justicia pudo detectar transacciones relevantes, incluyendo movimientos de cheques y ventas de divisas en el mercado informal.
Investigación judicial y pruebas clave
La causa se inició a fines de 2019 a partir de una denuncia anónima que alertó sobre posibles maniobras financieras ilegales en la ciudad.
El entonces fiscal José María Uriarte impulsó las primeras medidas, entre ellas intervenciones telefónicas que resultaron determinantes para el avance del expediente.
Durante los procedimientos, se secuestró un cuaderno contable donde el acusado registraba préstamos y deudas, lo que confirmó la sistematicidad de las operaciones.
También se comprobó el uso de una caja de seguridad a nombre de su esposa, donde se guardaban dólares, efectivo y pagarés vinculados al circuito ilegal.
Otras resoluciones judiciales en la causa
En el mismo fallo, el tribunal absolvió a Scazzola del delito de asociación ilícita por falta de acusación fiscal en ese punto específico.
Asimismo, fueron absueltas su esposa, Patricia Beatriz Burki, y su empleada, Sandra Liliana Meringer, quienes estaban imputadas por asociación ilícita.
Por su parte, José Luis Sánchez, señalado como prestanombre en la adquisición de bienes, recibió una probation por un año con tareas comunitarias.
