Es un contador mendocino que estuvo prófugo durante un año hasta que fue detenido en 2018. En semanas será juzgado junto a su socio.
Se trata de Sergio Arturo Delfino, un contador mendocino que esperaba seguir zafando de la Justicia en su provincia hasta que fue detenido, apuntado como el jefe de una banda que estafó a la AFIP por más de 200 millones de pesos.
Está acusado junto a un socio del delito de evasión agravada. Todo habría comenzado hace nueve años, con la emisión de facturas “truchas”, sumando además la comisión de “múltiples e indeterminados delitos tributarios”, pero que recién fue descubierta en 2015. Delfino y su colega, Pablo Gabriel Prete, se encuentran en la cárcel, esperando el inicio del juicio en su contra y detrás de ellos hay otros otros 28 imputados.
La organización con base en Mendoza, tenía ramificaciones en Buenos Aires, San Juan, Misiones y Neuquén.
¿Cómo estafaban?
Según la información de los medios mendocinos, el delito de los contadores eran por fases: buscaban personas insolventes, dispuestas a recibir una suma de dinero, a cambio de dar sus datos personales para inscribirlas como contribuyentes ante la AFIP-DGI, para hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas (como La Mora, Cemento y Cauchos Mendoza, entre otras).
Así confeccionaban toda la documentación falsa, como contratos de locación, poderes y actas de sociedad, falsificaban escrituras públicas; solicitaban la impresión de las facturas (miles de ellas fueron encontradas en los allanamientos) y además ofrecían y vendían las facturas falsas a potenciales “clientes”, por medio de los jefes o por los “punteros”, logrando duplicar y hasta cuadruplicar el mismo número de facturas a diferentes usuarios.
Esto dificultaba el descubrimiento de las personas que estaban atrás de la organización.
El fiscal federal Fernando Alcaraz acusa a los contadores de haber organizado y formado parte de una asociación ilícita fiscal, ambos en calidad de jefes, a los que se le suma el resto de los procesados, en calidad de miembros. Entre tantos aparecen un empleado de banco, otros tres contadores, un ama de casa, una jubilada, un docente, un cobrador, una abogada, un pensionado y varios comerciantes.
Según fuentes judiciales, es posible que Delfino (y su socio) reciba una pena de hasta 10 años de cárcel y el doble de inhabilitación para ejercer la profesión.